Ante la agresión y amenaza que sufrieron las 35 diputadas federales del PRI por parte de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, en un programa de televisión que se transmite en medios institucionales y redes sociales, representantes del Poder Legislativo, Partido, de sectores, organizaciones, organismos especializados y la militancia, acompañados por el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), diputado Néstor Camarillo Medina, interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH Puebla).
Layda Sansores, gobernadora de Campeche afirmó públicamente que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
Al respecto, la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Xitlalic Ceja García, puntualizó que las aseveraciones obstaculizan el ejercicio del cargo porque se basan en estereotipos que menoscaban la imagen de las diputadas federes del Partido por una venganza política.
En su intervención, la exsenadora Lucero Saldaña destacó que, los dichos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, violentan y dañan la imagen de las mujeres priistas en un acto que cae también en la misoginia. Puntualizó que la violencia digital está tipificada como un delito en la Ley Olimpia, impulsada a nivel nacional por una poblana.
A su vez, el presidente del PRI Puebla destacó que la dirigencia que encabeza no permitirá violencia política de género por causa de la rivalidad en contra de los líderes del Partido. “No vamos a permitir que se metan con las mujeres, aquí hay muchas mujeres que se sienten agredidas, que se sienten ofendidas”, dijo.
En el escrito, dirigido a José Félix Cerezo Vélez, titular de la CDH Puebla, detalla que el pasado 5 de julio del presente año, la titular del Gobierno de Campeche condujo un programa, donde afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del grupo parlamentario priista en la Cámara de Diputados.
Este hecho, no solo es posiblemente constitutivo de delito, sino que son actos de violencia mediática e institucional, así como violación directa y fehaciente a los derechos fundamentales.
Se pide una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de violaciones a derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos, así como medidas cautelares para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o la producción de daños de difícil reparación a las afectadas.
Se solicita la eliminación del video publicado en el que se mencionan las fotografías íntimas de las diputadas; así como prohibir la continuidad de manifestación en la materia de la violencia en contra de las suscritas, el continuar ejecutando actos de violencia mediática o digital que las afecte y acercarse o comunicarse con la víctima u ofendida.
